En la rueda de prensa en la electrificadora del Huila, Boris Carvajal Asesor Jurídico, Julio Alberto Gómez, Gerente de la entidad y el Ingeniero Bojacá
El gerente de la Electrificadora del Huila, Julio Alberto Gómez, señaló ayer que continúa estancado el proceso de negociación con la multinacional Azteca Comunicaciones, entidad encargada de implementar la fibra óptica en 600 kilómetros del departamento. Diferencias financieras y jurídicas que no fueron precisadas, mantendrán al departamento desconectado indefinidamente.
Sin poder llegar a un acuerdo definitivo para la implementación de la fibra óptica en el departamento del Huila, continúan la Electrificadora del Huila con la multinacional Azteca Comunicaciones, contratista del proceso de conectividad en todo el país. Esta situación prolongaría indefinidamente la desconexión tecnológica del Huila frente a los demás departamentos del país, que han logrado exitosamente iniciar el proceso.
Julio Alberto Gómez Martínez, gerente de la Electrificadora del Huila, aseguró que diferencias de tipo legal y financiero han impedido finiquitar un acuerdo para que las redes eléctricas de la entidad estatal sean utilizadas por la multinacional, aunque las cifras de negociación no fueron reveladas porque presuntamente lo impide un contrato de confidencialidad.
La difícil situación parece estar en un punto muerto, porque la Electrificadora del Huila insiste en que es necesaria una interventoría que garantice la correcta instalación de la fibra óptica y su correspondiente mantenimiento a futuro, a cargo de Azteca Comunicaciones. Asimismo, exige un acuerdo de arrendamiento que incluya un valor mayor al ofrecido por la multinacional, aunque se desconoce el monto exacto.
Por otra parte, Gómez replicó las polémicas declaraciones que realizó la semana pasada el Ministro de las TIC, Diego Molano, en el que lo responsabilizaba del atraso tecnológico del departamento. El Gerente de Electrohuila insistió en que el alto funcionario se encontraba desinformado. “Yo no me comunico con el Ministro de Comunicaciones”, resaltó.
El proyecto
El Contrato 437 por un valor de 415.000 millones de pesos para el diseño, instalación y operación de la fibra óptica en todo el país durante 18 años, fue firmado el pasado 10 de noviembre entre Azteca Comunicaciones y el Fondo TIC, para que se ejecutara en 753 municipios colombianos y dos mil instituciones públicas del país.
En el Huila, la implementación del importante sistema de comunicaciones se realizaría en aproximadamente 600 kilómetros y cubriría a 32 de los 37 municipios huilenses, beneficiando principalmente el área rural, así como las instituciones hospitalarias y educativas del departamento.
Acevedo, El Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Gigante, Guadalupe, Hobo, Íquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Palermo, El Pital, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Tesalia, Timaná, Yaguará, Colombia, Elías, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palestina, Saladoblanco y Villavieja, serían las poblaciones beneficiadas con el contrato que suscribió el Gobierno Nacional.
Azteca Comunicaciones, empresa encargada de la implementación de la fibra óptica en todos los municipios colombianos, no cuenta con la infraestructura necesaria y por ello suscribió exitosamente contratos con las electrificadoras de todo el país para utilizar el cableado y los postes. Sin embargo, después de 15 meses de diálogo y negociación, en el Huila aún no hay humo blanco.
Diferencias en la negociación Julio Alberto Gómez insistió en que la demora en la negociación con Azteca Comunicaciones se generó por las diferencias en el valor del arrendamiento de las estructuras, ya que según el ejecutivo, para el uso de 18 años de la estructura, el precio justo y real que ofrecía la multinacional no era suficiente.
“Ellos tienen sus intereses de llevar la fibra óptica a los municipios y no nos oponemos a esto, pero deben pagar un arrendamiento y una contraprestación en comunicaciones a la empresa”, dijo Gómez.
Interventoría
El funcionario manifestó además que la interventoría que solicitó reiteradamente Electrohuila y cuyos costos debía asumir TV Azteca, tenía como propósito asegurar las redes y con ello la prestación del servicio para impedir que posteriormente se afectaran por la implementación del proyecto.
“Debemos proteger la red de energía eléctrica del departamento técnicamente, así como velar que la implementación de la fibra óptica se realicé de acuerdo a estándares internacionales y las condiciones mecánicas que requieren los postes, ya que éstos fueron diseñados para soportar ciertas cargas y nuevos elementos pueden afectar las condiciones mecánicas y por ello hay que vigilar que técnicamente se haga el proceso”, señaló el Gerente de Electrohuila.
El funcionario aseguró que el proceso de implementación de fibra óptica requería control y vigilancia, con el fin de minimizar los riesgos tanto de los operadores de fibra óptica como de los operarios de la Electrificadora, así como garantizar el correcto mantenimiento de la infraestructura.
“Hay muchas experiencias de operadores de redes en el país con los cableoperadores a los que se están prestando los servicios, en los que se presentan inconvenientes porque los postes quedaron comprometidos, la fibra quedó mal instalada o hay riesgo eléctrico”, señaló el ingeniero Bojacá, funcionario de la Electrificadora del Huila.
“Esto puede significar demoras en los arreglos y mantenimientos de la infraestructura, en caso de que estemos corrigiendo unas fallas. Por eso, la interventoría debe garantizar que en todas y cada una de las estructuras que son más o menos 600 kilómetros de red, tengamos la seguridad de que todo va a quedar bien, para evitar problemas a futuro, ya que son 18 años de uso de la red eléctrica”, dijo Bojacá.
El Gerente de Electrohuila insistió en que la exigencia de la interventoría tenía como único fin tener un responsable que dé razón de la instalación, y que por lo tanto, el contratista interventor no esté subordinado al que construye sino subordinado a las exigencias del contrato.
Problemas legales
Asimismo, Gómez expresó que se presentaron diferencias en el proceso de negociación de tipo legal relacionadas con las servidumbres, el valor asegurado en las pólizas, la suspensión del contrato por fuerza mayor y caso fortuito, así como la cláusula del compromiso en el tribunal de arbitramento.
En medio de la fuerte polémica por el retraso en el proceso de negociación, Juan José Parada Holguín, presidente de la Junta Directiva Electrohuila y representante del Ministerio de Minas y Energía, aprobó la gestión realizada por Gómez e insistió en que las demoras en los trámites obedecían a la búsqueda del interés general.
LA NACIÓN conoció que ayer, durante varias horas, las directivas de Electrohuila se reunieron con Alexandra Reyes, gerente de Azteca de Comunicaciones, quien llegó a Neiva a finiquitar el proceso. Sin embargo, hasta anoche, ningún acuerdo fue posible.